Puertas golpeadas y pertenencias esparcidas: las secuelas de los allanamientos en Navarrete

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Puertas golpeadas, cerraduras afectadas, pertenencias esparcidas y un vehículo violentado, figuran entre los daños denunciados por dirigentes sociales y políticos de Navarrete, cuyas viviendas fueron allanadas por unidades mixtas de la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con el Ministerio Público, tras la jornada huelgaria registrada en ese municipio.

Los afectados, puestos en libertad tras varias horas de interrogatorios, aseguran que, además de la tensión provocada por los operativos, las intervenciones dejaron daños materiales por los que, hasta el momento, ninguna autoridad se ha hecho responsable.

Uno de los casos denunciados corresponde a Onelsi Alejandro Gómez, quien narró que durante la intervención fueron ocasionados daños en puertas, parte del plafón y un clóset, mientras que la ropa de la familia quedó tirada en el suelo.

Gómez también cuestionó que durante el operativo su hijo, de cuatro años, fuera sacado de la cama mientras dormía.

Además, explicó que parte de las prendas pertenecen a un negocio de su esposa y deberá asumir los costos de reparación y reposición de los artículos afectados.

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El activista manifestó que, pese a los daños ocasionados, entiende que tendrá que asumir por cuenta propia los gastos para reparar su vivienda.

Aseguró que los agentes acudieron en busca de armas de fuego y que, tras revisar diferentes áreas de la residencia, no encontraron pistolas, drogas ni otros objetos ilícitos.

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¿Quién va a responder?

"Creo que el Gobierno debe responder por los daños que a uno mismo le han hecho", sostuvo Gómez, al cuestionar la forma en que fueron ejecutados los allanamientos.

El afectado negó, además, estar vinculado con la convocatoria de la jornada huelgaria.

Señaló que lleva más de una década retirado de la dirigencia social que anteriormente ejercía en Navarrete.

Una puerta que vuelve a ser afectada

El abogado y dirigente político Martín Hernández, otro de los afectados, también denunció daños en su vivienda.

Aseguró que esta es la segunda ocasión en menos de nueve meses en que su residencia es allanada.

Recordó que durante un operativo anterior la puerta de su casa quedó afectada y tuvo que conseguir alrededor de 40,000 pesos prestados para repararla.

Según relató, permaneció varios días sin una puerta en condiciones adecuadas mientras esperaba que un ebanista realizara los trabajos.

En el más reciente allanamiento, sostuvo que nuevamente la puerta fue golpeada violentamente, además de que los agentes revolvieron documentos y otras pertenencias.

Hernández también denunció la retención de documentos y del sello del Movimiento Político Ciudadano, organización que busca su reconocimiento ante la Junta Central Electoral.

También violentaron un vehículo

A los daños en las viviendas se suma el denunciado por el abogado Juan Luis López, propietario de una yipeta Honda CR-V, que estaba estacionada en la marquesina de la residencia de Hernández.

López afirmó que los agentes violentaron la puerta del vehículo y penetraron a su interior durante el operativo.

Explicó que dentro de la yipeta había documentos relacionados con su ejercicio profesional, pelotas de baloncesto y una Biblia.

El abogado cuestionó que las autoridades causaran daños a una propiedad que, según afirmó, no tenía relación con la investigación.

"Debieron llevarse la Biblia a la Fiscalía y la Policía para ver si se arrepienten y buscan de Dios", expresó López de manera irónica al referirse a lo ocurrido.

Los afectados consideran que los daños materiales constituyen una de las principales secuelas de los allanamientos ejecutados en Navarrete luego de las protestas.

Además de las pérdidas económicas, denunciaron afectaciones emocionales y cuestionaron la forma en que fueron realizados los operativos.

Los dirigentes sostienen que las autoridades alegaron la búsqueda de armas de fuego, pero niegan haber participado en la organización de la jornada huelgaria.

Advirtieron que evaluarán las acciones legales que correspondan para reclamar por los daños y cuestionar los procedimientos utilizados durante los allanamientos.

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