- Por FRANK LITHGOU
- Fecha: 30/09/2024
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La República Dominicana atraviesa un momento crucial en el que se requiere que el gobierno ejerza con firmeza las facultades que le corresponden como máxima autoridad del Estado. En nombre de la justicia y la transparencia, se hace urgente que se publiquen las listas de aquellas empresas que evaden impuestos de forma sistemática y de quienes retienen el ITBIS, un impuesto que todos los ciudadanos pagan diariamente con esfuerzo, y que debería regresar al Estado para ser invertido en el bienestar colectivo.
No es posible que, mientras el contribuyente común cumple rigurosamente con sus obligaciones fiscales, poderosos sectores económicos se escuden en mecanismos opacos para evitar contribuir como les corresponde. Más alarmante aún es el hecho de que muchas de estas empresas, vinculadas a grupos económicos acaudalados, disfrutan de exenciones fiscales ilimitadas, otorgadas generosamente por el Estado. Este sistema de subsidios, lejos de fomentar el desarrollo equitativo, se ha convertido en una carga onerosa para la economía del país, afectando gravemente los intereses del pueblo dominicano.
Estas exenciones fiscales, en muchos casos sin fecha de caducidad, representan un drenaje de los recursos públicos que beneficia a unos pocos privilegiados en detrimento de la mayoría. Mientras tanto, el ciudadano común es quien termina soportando el peso de la nación, pagando más impuestos sin recibir los beneficios que debería en términos de servicios públicos, infraestructura y bienestar social. Esta situación es insostenible y requiere una acción decidida por parte del gobierno.
La justicia fiscal no es un concepto abstracto; es una necesidad urgente para corregir las profundas desigualdades que aquejan a nuestro país. No podemos permitir que los intereses de las élites económicas sigan dictando las políticas fiscales, perpetuando un modelo donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos, mientras la mayoría sigue siendo excluida de los beneficios de un sistema más equitativo.
El gobierno tiene la responsabilidad moral y política de actuar con determinación, rompiendo los intereses creados que protegen a estos sectores privilegiados. La equidad fiscal debe ser el principio rector para asegurar que quienes más tienen, contribuyan proporcionalmente más al desarrollo de la nación. La transparencia y la justicia en el manejo de los recursos públicos no son una opción, son una obligación que el Estado debe asumir sin demora.
Es hora de poner fin a los abusos y exigir que las reglas fiscales sean claras y justas para todos. Solo así podremos avanzar hacia una República Dominicana más equitativa y próspera para todos sus ciudadanos.
Fuente: AL MOMENTO.NET
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