Por José Alberto Blanco

En la República Dominicana, el fortalecimiento institucional pasa necesariamente por la profesionalización de la administración pública y la garantía de seguridad laboral para los servidores públicos. Estos dos pilares son esenciales para consolidar un Estado moderno, eficiente y ético, capaz de responder a las demandas de la ciudadanía.

La Ley No. 41-08 de Función Pública, promulgada en enero de 2008, constituye el marco jurídico fundamental para la carrera administrativa. Esta norma establece que el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio público deben regirse por principios de mérito, capacidad y transparencia, dejando atrás prácticas clientelistas que históricamente han debilitado la institucionalidad. La ley también garantiza la estabilidad en el cargo para quienes ingresan mediante concurso y cumplen con evaluaciones periódicas, protegiéndolos de despidos arbitrarios.

Por su parte, la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada en 2001, asegura que los servidores públicos cuenten con protección social integral, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales. Esta legislación complementa la Ley 41-08 al ofrecer un marco de seguridad que dignifica el trabajo en el sector público y refuerza la confianza en las instituciones.

En los últimos días, las cancelaciones de servidores públicos han generado un intenso debate dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

• Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, denunció en el hemiciclo que “en nombre de esos cambios, se persigan a compañeritos de la base del partido”, calificando las cancelaciones como una “persecución injusta” que responde al “ego de algunos funcionarios”. Pacheco advirtió que no se quedará callado aunque eso le cueste su puesto.
• Senadores del PRM también se sumaron a las críticas. Bernardo Alemán afirmó que en Montecristi las cancelaciones fueron incluso mayores que las denunciadas en la DGII, mientras Franklin Romero expresó preocupación por el impacto en la base del partido. En conjunto, los legisladores advirtieron que estas decisiones podrían afectar seriamente las aspiraciones electorales del oficialismo de cara al 2028.
• En contraste, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, defendió los movimientos, explicando que responden a la necesidad de definir prioridades de gobierno hacia 2026.

Las cancelaciones arbitrarias no solo afectan a los servidores públicos, sino que también tienen consecuencias graves para el Estado:

• Debilitamiento institucional: se pierde experiencia acumulada y se interrumpe la continuidad administrativa.
• Desmotivación del personal: los servidores sienten que su esfuerzo y preparación no son valorados.
• Retroceso democrático: se envía el mensaje de que la ley puede ser ignorada por conveniencia política.

La profesionalización implica capacitación continua, actualización tecnológica y compromiso ético. La seguridad laboral, a su vez, significa estabilidad en el cargo, condiciones dignas de trabajo, equidad salarial y respeto a la integridad del servidor público.

Superar los retos actuales exige voluntad política real, más allá de discursos. Los dirigentes del PRM deben entender que la institucionalidad no se construye con palabras, sino con acciones coherentes. Defender la cancelación de servidores por motivos políticos es defender el retroceso.

La profesionalización y la seguridad laboral no son privilegios, sino derechos y deberes que garantizan un servicio público eficiente, transparente y confiable. Solo así podremos construir una administración pública que sea reflejo de la ética, la eficiencia y la dignidad que demanda la sociedad dominicana.