19-1-2026

Un país que busca a sus desaparecidos.

De la pluma del profesor: José Alberto Blanco

Las desapariciones en República Dominicana han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una crisis que desnuda la fragilidad institucional. Cada nombre perdido —niños, jóvenes, mujeres, estudiantes— es un recordatorio de que el Estado carece de protocolos inmediatos y de una política pública clara para enfrentar este flagelo.

Casos que estremecen la conciencia nacional

• Sudiksha Konanki, joven india desaparecida en Punta Cana en marzo de 2025, cuya búsqueda incluyó drones, operativos marítimos y hasta la intervención del FBI.
• Brianna Genao, niña de 3 años desaparecida en Puerto Plata en víspera de Año Nuevo, un caso que generó indignación colectiva y presión internacional.
• Joan Genao, adolescente de 16 años desaparecida en Santo Domingo Este, reflejo de la vulnerabilidad de los jóvenes en entornos urbanos.
• Manuel Antonio Marte Rodríguez, estudiante de 22 años desaparecido en 2022, símbolo de la falta de respuestas en casos que se diluyen en el tiempo.

Cada uno de estos nombres es más que un expediente: son heridas abiertas en la conciencia nacional.

El silencio oficial y la desconfianza ciudadana
La ausencia de un sistema de alerta temprana, la tardanza en las investigaciones y la dependencia de organismos internacionales reflejan una peligrosa incapacidad estatal. Mientras las familias claman por respuestas, las autoridades se refugian en comunicados vacíos que no devuelven la esperanza ni la confianza.

En medio de la incertidumbre, proliferan teorías sobre tráfico de órganos y redes criminales. Expertos médicos han desmentido categóricamente estas versiones, pero el vacío institucional alimenta el miedo colectivo. Cuando el Estado calla, la rumorología se convierte en la voz dominante.

La República Dominicana necesita un sistema nacional de alerta inmediata, protocolos de búsqueda en las primeras horas críticas, acompañamiento psicológico y legal a las familias, y campañas de prevención permanentes. No se trata solo de encontrar a los desaparecidos, sino de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que ningún ciudadano quede abandonado en la incertidumbre.

Las desapariciones son más que estadísticas: son vidas truncadas y familias devastadas. Cada caso no resuelto es una prueba de la deuda del Estado con su pueblo. La institucionalidad no puede seguir ausente. La pregunta que debemos repetir hasta que haya respuestas es clara y contundente: ¿Dónde están los desaparecidos?