21-11-2025

Fuente: El Nacional

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) alertó que la justicia penal dominicana quedaría desnuda e inservible frente a la gran corrupción si prosperan los intentos de extinguir los casos que cursan en los tribunales, y advierte que permitir maniobras dilatorias sería un golpe mortal a la confianza ciudadana y a los avances logrados desde 2017.

PC denunció que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez intenta aprovechar la lentitud del sistema judicial para manipular la narrativa pública y forzar la extinción de la acción penal.

La organización recordó que, contrario a lo que afirma el imputado, solo en la fase preliminar se registraron 94 aplazamientos, cifra documentada en su Segundo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa y citada por Diario Libre en dos oportunidades, la más reciente el 19 de noviembre de 2025.

Ese dato, precisó PC, está consignado en la decisión del juez Amauri Martínez, quien envió el caso a juicio de fondo. Sin embargo, el inicio de ese juicio ya suma 12 aplazamientos en 17 meses, muchos de ellos ocasionados por recusaciones y recursos elevados ante la Suprema Corte de Justicia, la cual, según la entidad, también ha demorado sus decisiones.

PC sostiene que la observación minuciosa del proceso revela “connivencia y maniobras coordinadas” entre algunos imputados para retrasar el expediente y acercarlo al límite legal para la extinción penal. Aunque ciertos acusados alegan no provocar incidentes, la organización afirma que promueven que otros lo hagan, en una estrategia común para frenar el avance del caso.

El expediente imputa a 40 personas y 22 sociedades comerciales por un fraude superior a 6 mil millones de pesos contra el Estado, y la mitad de los imputados ya ha admitido su culpabilidad, señalando directamente a quienes permanecen sin reconocer los hechos.

PC rechazó las recientes declaraciones del exprocurador, quien atribuye las dilaciones a supuestos errores del Ministerio Público y al tamaño del expediente. La entidad recordó que cuatro informes de observación demuestran que gran parte de los retrasos provienen de incidentes provocados por imputados y sus abogados, incluido Jean Alain Rodríguez, con la evidente intención de solicitar la extinción de la acción penal.

La organización subrayó que, por primera vez, el país procesa redes criminales amplias, complejas y con gran poder político y económico, que por años se enquistaron en la administración pública.