28-11-2025

Fuente: DE AHORA

ENVIADO POR EL PERIODISTA MAEÑO RADICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS, JULIO DISLA, MIEMBRO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DOMINICANO

Entrega el país y viola la Soberanía Nacional

El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, acaba de cruzar una línea roja que ningún gobernante con sentido de soberanía se atrevería a cruzar: autorizar el uso de territorio dominicano —incluyendo infraestructuras militares y aeroportuarias estratégicas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas— para operaciones militares de los Estados Unidos dirigidas contra la República Bolivariana de Venezuela.

No nos vengan con el cuentecito de que “es para combatir el narcotráfico”.

No estamos en los tiempos de los aborígenes.

No somos tarados.

El pueblo no es idiota.

Y no se juega con la inteligencia de la nación.

La historia de América Latina demuestra que cada intervención militar estadounidense disfrazada de “lucha antidrogas” termina siendo una operación de desestabilización política, un dispositivo de presión geoestratégica o una antesala a ataques contra países soberanos. Ya lo vivimos en Panamá, en Colombia, en Centroamérica… y ahora pretenden convertir a la República Dominicana en punta de lanza contra un país hermano del Caribe.

Violación flagrante de la Constitución Dominicana

La decisión de Abinader no solo es irresponsable: es inconstitucional.

El artículo 55 de la Constitución establece claramente que el uso del territorio nacional para fines militares extranjeros requiere obligatoriamente la autorización del Congreso Nacional, porque constituye una cuestión de soberanía nacional y de política exterior de alto nivel.

El presidente no tiene facultad unilateral para permitir que fuerzas armadas extranjeras —y menos las más agresivas del planeta— instalen, operen o utilicen áreas restringidas de nuestras bases militares.

Lo que ha hecho Abinader es entregar el país sin consultar al pueblo, sin consultar al Congreso y sin respetar la Constitución.

Eso, en cualquier país serio, se llama:

traición a la patria.

Convertir a la República Dominicana en plataforma de agresión

El pretexto es narcotráfico.

Pero el objetivo real es geopolítico: presionar, vigilar, hostigar y eventualmente atacar a Venezuela, en un momento en que Washington ha intensificado la retórica de guerra, el cerco diplomático y el despliegue militar en el Caribe.

Autorizar ese acceso no es un acto administrativo.

Es un acto de guerra.

Es convertir a nuestra isla en base avanzada de operaciones agresivas.

Es colocar al pueblo dominicano como carne de cañón en un conflicto que no es nuestro.

El Gobierno dominicano no puede —ni debe— permitir que el país se utilice como pista de lanzamiento para drones, vigilancia electrónica, vuelos militares o despliegues que podrían escalar una confrontación con consecuencias catastróficas para el Caribe entero.

¿A quién sirve Abinader? ¿A la Constitución o al Pentágono?

Una nación se define por su capacidad de decidir su propio destino.

Hoy Abinader ha cedido esa facultad.

Mientras el pueblo enfrenta crisis de inflación, inseguridad, desempleo y desigualdad, el Gobierno abre las puertas a la maquinaria militar norteamericana.

Mientras Venezuela defiende su soberanía ante amenazas abiertas, República Dominicana se presta como aliado cómplice de la agresión imperial.

¿Es este el rol que le corresponde a un país caribeño históricamente víctima de injerencias?

¿Es este el legado que dejará Abinader?

Porque cuando un presidente viola la Constitución para complacer a un poder extranjero,

cuando entrega instalaciones militares sin autorización del Congreso,

cuando coloca al país como plataforma de guerra,

lo que se configura no es cooperación:

es subordinación colonial.

El pueblo no debe permitirlo

Es momento de que las fuerzas sociales, progresistas, patrióticas y democráticas del país alcen la voz:

• El Congreso debe exigir cuentas.
• Los movimientos sociales deben iniciar acciones de denuncia.
• Los sectores académicos y jurídicos deben desmontar esta violación constitucional.
• El pueblo debe movilizarse para impedir que el país sea arrastrado a un conflicto ajeno.

La soberanía no se mendiga:

se defiende.

Y hoy la República Dominicana necesita defenderse no de Venezuela, no del Caribe,

sino de la irresponsabilidad del propio Gobierno que, con su firma, abre las puertas a la guerra.

La autorización concedida al ejército de Estados Unidos debe ser revocada inmediatamente.

Por dignidad nacional, por paz regional y por respeto a la Constitución.

Porque las naciones que entregan su soberanía terminan perdiéndolo todo:

primero la dignidad, luego la libertad, y al final, la propia existencia.