Por: Ángel B. Almonte
SANTO DOMINGO.-La Cámara de diputados escogió en el día de hoy miércoles a los legisladores que integraran la comisión que se encargará de estudiar la iniciativa 0408620242028 que crea del Cuerpo Especializado de Persecución del Delito Migratorio (Cepredem), una nueva entidad adscrita a la Dirección General de Migración,
La comisión será presidida por el diputado de la provincia de Valverde, José Altagracia Arias Valenzuela, y la integran entre otros : Rafael Gómez, Carlos Morillo, Rosendy Polanco, Margarita Martinez, Vicente Sánchez, David Reynoso, Eugenio Cedeño, Elías Wessin Chávez, Danilo
Díaz, Wandy Batista y Eduard Enríquez Cruz.
El proyecto de ley había sido depositado en la Cámara de Diputados por 103 legisladores de todos los partidos políticos, sin embargo a pesar de que la nueva entidad estará adscrita a la Dirección General de Migración, tendrá autonomía funcional y operativa, que estaría encargada de prevenir, investigar y colaborar en la persecución de delitos migratorios.
Según lo que establece la propuesta legislativa, el Cepredem tendría un carácter técnico y estaría facultado para actuar conjuntamente con el Ministerio Público en la investigación y judicialización de los delitos establecidos en la Ley General de Migración, la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como ilícitos conexos.
Entre sus atribuciones específicas, el cuerpo especializado podrá realizar operativos y acciones preventivas para detectar y desmantelar redes delictivas, coordinar con otras instituciones estatales e internacionales, y llevar estadísticas y registros actualizado sobre los delitos migratorios en el país.
La pieza que fue enviada a estudio, contempla que el Cepredem pueda colaborar con autoridades extranjeras y organismos internacionales en la lucha contra los delitos migratorios transnacionales, una disposición que sugiere que su accionar podría extenderse más allá de las fronteras dominicanas en coordinación con entidades como Interpol u organismos regionales.
Además, se establece como obligación, que todo el personal del cuerpo reciba formación y capacitación continua en derechos humanos, leyes migratorias y técnicas de investigación, con el fin de garantizar un comportamiento acorde a patrones nacionales e internacionales.