Redacción Impacto.

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) fue citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia argentina por una causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato.

Fernández fue citado a declarar por el juez federal Julián Ercolini junto a otras 39 personas, según indica una resolución publicada este viernes por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11.

Los 39 convocados por el juez fueron citados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘Nación Seguros S.A.’”.

Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre. También fueron citados su exsecretaria María Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa.

El exmandatario había sido imputado en febrero de este año por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos habrían utilizado de intermediario a Martínez Sosa, quien, además figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.

En el marco de la investigación, la Justicia halló en el teléfono móvil Cantero, fotografías de la expareja de Fernández, Fabiola Yáñez, con signos de violencia en su cuerpo, y mensajes de texto y de audio en los que la entonces primera dama argentina acusa al exmandatario por esos supuestos golpes recibidos en la residencia presidencial de Olivos.

El hallazgo de esos materiales llevó a que Yáñez denunciara a Fernández por violencia machista, a comienzos de agosto.

Tras la denuncia, el fiscal Ramiro González imputó al expresidente por lesiones graves doblemente agravadas a causa del vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de Yáñez.

En su dictamen, González afirmó que Yáñez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”, asentada “sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente”, en 2019, y “el ejercicio del cargo”, hasta diciembre pasado.

El concepto de “imputación” en Argentina es distinto al de Uruguay, ya que no implica necesariamente la culpabilidad del sujeto.

Según el glosario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el derecho procesal penal, “la calidad de imputado nace en el momento en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que con ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecería la imputación”.

En Uruguay, “es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes”, según el artículo 63 del Código del Proceso Penal.

Con información de EFE