26-1-2026

Por José Alberto Blanco

La República Dominicana se proyecta en el mundo con una narrativa ambiciosa: la Visión País de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 01-12) nos promete un Estado democrático, una economía próspera, una sociedad cohesionada y un desarrollo sostenible. En escenarios internacionales como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, esta visión se exhibe con entusiasmo, acompañada de la Marca País, concebida como instrumento político y económico de alto nivel.

Sin embargo, detrás de los discursos y los stands coloridos, emerge una contradicción que compromete la credibilidad nacional: la realidad operativa del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), regulado por la Ley 166-12.

Los artículos 45 al 71 de la Ley 166-12 establecen el marco técnico para garantizar que bienes y servicios cumplan estándares internacionales:

• Organismos de evaluación de la conformidad (arts. 45-52), encargados de certificar productos y servicios.
• ODAC, organismo de acreditación (arts. 53-61), que debería asegurar credibilidad y reconocimiento internacional.
• PROCONSUMIDOR (arts. 62-67), llamado a proteger a ciudadanos y turistas frente a servicios deficientes.
• Aduanas y ministerios sectoriales (arts. 68-71), responsables de controlar la calidad de insumos y productos que ingresan al país.

En teoría, este andamiaje es el soporte institucional de la Visión País. En la práctica, su aplicación ha sido débil: falta de recursos técnicos, coordinación interinstitucional insuficiente y procesos de acreditación que no logran consolidarse.

En FITUR, República Dominicana se presenta como “el mejor destino del Caribe”. La Marca País despliega una identidad visual que busca atraer inversión, turismo y confianza. Pero la pregunta es inevitable: ¿puede sostenerse esa narrativa sin un sistema de calidad robusto?

El turista que visita nuestras playas espera más que promoción: exige seguridad, servicios certificados y protección frente a abusos. El inversionista que escucha discursos en FITUR busca garantías institucionales, no solo entusiasmo político. Cuando los artículos 45-71 de la Ley 166-12 no se aplican con rigor, la Marca País corre el riesgo de convertirse en un recurso propagandístico vacío.

La Visión País habla de sostenibilidad ambiental, inclusión social y competitividad internacional. Pero sin un SIDOCAL operativo, esas metas se diluyen. La falta de acreditación reconocida internacionalmente limita la competitividad; la débil protección al consumidor afecta la confianza; y el control insuficiente de insumos compromete la sostenibilidad.
En otras palabras: la Marca País proyecta excelencia, mientras la institucionalidad revela fragilidad.

La República Dominicana necesita más que discursos en FITUR y logotipos de Marca País. Requiere que el SIDOCAL funcione con rigor, que la acreditación sea efectiva y que la protección al consumidor sea real. Solo así la Visión País dejará de ser un ideal abstracto y se convertirá en una realidad tangible.

De lo contrario, seguiremos mostrando al mundo una vitrina de sueños, mientras la calidad interna se queda en deuda.