Fuente: El Nacional

6-28-2025

El Ministerio Público concluyó  la presentación resumida por ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito  Nacional de   los hechos y la calificación jurídica de la acusación formal hecha contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta y demás procesados, exfuncionarios, acusados de estafar al Estado con más de 19 mil  millones de pesos.

En la próxima audiencia, pautada para el viernes 4 de julio a las 2:00 de la tarde, el órgano de justicia iniciará la reproducción de las pruebas que sustentan el proceso.

En esta etapa procesal participaron los fiscales Miguel Collado, Harolin Lemos, Elvira Rodríguez, Rosalba García, Rosa Ysabel Mejía, Jhensy Víctor y Melvin Romero, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La acusación formal establece que los acusados integraban una red delictiva que desvió del Estado más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos.

Además de Guerrero, Castillo y Peralta, en el expediente figuran como encartados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

Durante del proceso, la  defensa de Gonzalo Castillo, ha planteado que la acusación fue depositada fuera del plazo establecido, y que, en consecuencia, debe ser declarada inadmisible.

La abogada Laura Acosta, quien junto con Luis Rivas asume la defensa de Castillo, argumentó que la acusación no fue depositada el 25 de abril de 2024 ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sino que se realizó fuera del plazo legal.

Acosta señaló que el tribunal recibió la acusación el 6 de mayo, día en que ella se presentó con un notario para ser notificada de la misma, lo que a su juicio, confirma que el depósito se realizó fuera de tiempo.

La abogada refutó la alegación del Ministerio Público de haber depositado «un montón de cajas con papeles», y presentó una certificación del tribunal que indica claramente que no se depositó ningún documento físico, sino que todo el proceso se realizó de manera digital.