''CUANDO LA VIGILANCIA FALLA , LA IMPUNIDAD GOBIERNA''

EDITORIAL

De la pluma del profesor José Alberto Blanco

21-12-2025

En el marco constitucional dominicano, los organismos de control del Estado fueron concebidos para garantizar que el poder se ejerza dentro de los límites de la ley y en beneficio de la ciudadanía. Entre los principales se encuentran:
Congreso Nacional (Poder Legislativo): fiscaliza al Poder Ejecutivo mediante comisiones y control político, aprueba presupuestos y puede investigar la administración pública.
Cámara de Cuentas: órgano técnico encargado de auditar el uso de los fondos públicos y presentar informes al Congreso y a la ciudadanía.
Contraloría General de la República: supervisa la legalidad de los ingresos y gastos del Estado, ejerciendo control interno sobre las instituciones públicas.
Defensor del Pueblo: protege los derechos fundamentales frente a abusos de la administración pública y actúa como mediador entre ciudadanos y Estado.
Ministerio Público (Procuraduría General): investiga y persigue delitos, incluyendo corrupción administrativa, proclamando independencia para legitimar sus acciones.
Tribunal Constitucional y Poder Judicial: garantizan el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales, controlando la legalidad de los actos del Estado.
A este entramado se suman organismos especializados que forman parte del aparato institucional de regulación:
Superintendencia de Seguros: regula y supervisa el mercado asegurador, vela por la solvencia financiera de las compañías y protege los derechos de los asegurados.
Superintendencia de Bancos: supervisa el sistema financiero nacional, preserva su estabilidad y protege a los depositantes, con facultades para intervenir instituciones en crisis.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG): promueve la transparencia y la ética en la administración pública, coordina políticas anticorrupción y supervisa el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información.
En teoría, este conjunto de instituciones debería equilibrar los poderes, evitar la concentración de autoridad y fortalecer la democracia. Son esenciales para combatir la corrupción y legitimar la gestión pública. Sin embargo, la realidad nos obliga a cuestionar: ¿han cumplido con su misión?
Durante años, la ciudadanía ha observado cómo la corrupción y la impunidad se han filtrado en la administración pública, mientras los entes llamados a fiscalizar permanecían en silencio o actuaban con tibieza. La solvencia financiera es indispensable para la estabilidad nacional, pero sin integridad ética se convierte en un espejismo. Un banco sólido o una aseguradora solvente no bastan si detrás de los números se esconden prácticas corruptas o negligentes.
Un banco sólido, una aseguradora solvente o un presupuesto equilibrado no significan nada si detrás de los números se esconden contratos amañados, favoritismos y negligencias. La solvencia financiera sin integridad ética es un espejismo que engaña al pueblo y legitima la corrupción.
La DIGEIG, llamada a ser el eje de la ética pública, ha quedado reducida a un organismo decorativo. La Cámara de Cuentas, que debería ser el látigo de la transparencia, ha sido cuestionada por su lentitud y falta de contundencia. La Contraloría General, que controla internamente los gastos del Estado, ha preferido el silencio antes que la denuncia.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), creado para garantizar cobertura médica digna, se ha visto envuelto en denuncias de irregularidades administrativas y cuestionamientos sobre contratos y procesos de gestión. Lo más grave no es solo la posible desviación de recursos, sino la inacción de los organismos de control que debieron detectar y frenar esas anomalías.
El caso SeNaSa es un espejo de las fall…