14-11-2025

EDITORIAL

DE LA PLUMA DEL ARQUITECTO Y AGRIMENSOR: FEDERICO FRANCO BALCACER

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) debería ser, en teoría, la casa que resguarda la ética, la técnica y la dignidad del profesional de la construcción. Sin embargo, en la práctica, se comporta más como una inmobiliaria de sellos, firmas, donde la burocracia ha desplazado la razón gremial y la defensa del colegiado se ha convertido en un eslogan institucional sin contenido real.

El problema del CODIA es tan sencillo que resulta trágico: solo tendría que hacer cumplir las leyes que ya nos favorecen. Pero esa aparente simplicidad no produce dividendos inmediatos ni porcentajes administrativos. En el juego del poder interno, hacer las cosas bien no paga.

La licencia como motor dormido

El día que el CODIA comprenda que una licencia de construcción genera más empleos que un comité, el país podría experimentar un salto estructural en su economía formal. Cada licencia activa al menos seis profesionales: ingenieros, arquitectos, agrimensores, maestros constructores, suplidores y técnicos.

No obstante, en el orden distorsionado que impera, lo importante no es el empleo digno, sino el sello, el recibo y el porcentaje del inspector. Se ha invertido el propósito del gremio: en lugar de ser un catalizador del desarrollo profesional, el CODIA se ha convertido en una aduana administrativa que cobra por dejar pasar la irregularidad.

La economía del sello

El CODIA se presenta ante la sociedad como defensor de los profesionales, pero en la práctica vive del ejercicio ilegal que debería combatir. Es un contrasentido: mientras el colegiado calificado busca trabajo, los inspectores se enriquecen legalizando lo que la ley prohíbe.

En esa ecuación perversa, el que cumple la ley queda fuera del sistema, y el que la viola obtiene un certificado de bendición burocrática. Se trata de un negocio redondo en el que el Estado pierde, el urbanismo se deforma y la ética profesional se negocia en efectivo.

El costo urbano de la complicidad

La llamada “legalización de lo ilegal” no es solo un acto inmoral: es un peligro técnico y humano. Cada vez que el CODIA cobra por bendecir una obra irregular, se multiplica el riesgo de colapsos, se debilita el tejido urbano y se degrada la seguridad pública.

Los resultados están a la vista: edificios sin supervisión, planos sin criterio y vidas en peligro. Lo que debería ser un proceso de control de calidad se ha transformado en un ritual de complicidad, donde el sello importa más que la estructura, y la firma vale más que la seguridad.

Y mientras tanto, el Estado dominicano deja de percibir millones de pesos en impuestos y derechos municipales, porque cada obra “bendecida” por fuera del proceso formal evade las tasas legales. El dinero que debería financiar planificación urbana termina disperso en la economía informal de los cobros adelantados.

El proceso y la perversión

El camino legal es claro: primero se solicitan en el ayuntamiento las cartas de linderos y uso de suelo; luego se depositan los planos y el título en Planeamiento Urbano; más tarde, el Ministerio de la Vivienda revisa el proyecto, y solo entonces se emiten los recibos de pago al ayuntamiento y al CODIA, dando paso a la licencia de construcción, que es el único mecanismo legítimo de cobro para el gremio.

Pero el CODIA ha creado un nuevo modelo administrativo: el de “San Se Adelantan”, el santo institucional que cobra antes de que el proyecto empiece. No importa el orden ni la ley; lo fundamental es el primer número del recibo.

La casta del sello

Dentro del CODIA ha emergido una clase privilegiada: los inspectores VIP, una élite que convierte cada irregularidad en un ingreso. Su poder no radica en la técnica, sino en la firma. Si la historia reciente del gremio fuera una serie de Netflix, llevaría por título “El Sello del Poder”.

Y cuando uno cree haberlo visto todo, aparece el absurdo institucional: cuando fui presidente delegación del CODIA en Valverde se envió una comunicación al Ministro de Obras Públicas Deligne Asención para debatir aspectos técnicos de un puente, y fui amonestado por el mismo CODIA por no pedir permiso para pensar. En el CODIA, la autonomía profesional es una falta administrativa.

El embudo gremial

La estructura del Colegio funciona como un embudo: la parte estrecha son los colegiados, la ancha, lo administrativo. El CODIA no necesita enemigos; se basta con su propia burocracia. Es un organismo que se recicla en cada gestión, con los mismos esquemas y los mismos actores, una maquinaria de poder que se alimenta de sus propios vicios.

Las asambleas son ceremonias previsibles: delegados elegidos por voto, pero sin voz; una democracia supervisada por secretarios con sello. Mientras tanto, los colegiados discuten tarifas y cursos, como si el problema fuera académico y no moral.

La obra interminable

El CODIA no está en crisis: está en remodelación eterna. Es una obra sin fecha de entrega, con sobrecostos emocionales y supervisores vitalicios.

Cada vez que se cobra por “legalizar” lo ilegal, el país pierde seguridad, urbanismo y recaudación. Y los únicos que ganan son los mismos que después brindan por la “ética profesional” en los cócteles del gremio.

Si el CODIA fuera una construcción, ya se habría caído hace rato. Y lo peor: ellos mismos firmarían el acta del colapso… con su sello.