Por José Alberto Blanco
La República Dominicana, como Estado Social y Democrático de Derecho, se fundamenta en la separación e independencia de los poderes públicos.
La Constitución, en su artículo 4, establece que el Gobierno de la Nación se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno con atribuciones propias e indelegables.
En este marco, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) asume una de las responsabilidades más delicadas de nuestro sistema institucional: la elección de los jueces integrantes y del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La importancia de esta decisión trasciende lo jurídico. El artículo 149 de la Constitución recuerda que la justicia se administra en nombre de la República y que el Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
Por tanto, la selección de los magistrados no es un mero trámite, sino un acto que define la calidad de la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
El CNM debe garantizar que quienes lleguen a la Suprema Corte sean jueces con mérito, independencia y probidad, capaces de administrar justicia con imparcialidad y transparencia.
La misión es doble: preservar la dignidad de la función judicial y asegurar que las decisiones emanadas de la Corte fortalezcan el Estado de derecho.
En un país donde la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y combate a la corrupción, la elección de los jueces se convierte en un símbolo de credibilidad institucional.
La Suprema Corte de Justicia no solo resuelve conflictos entre personas físicas o morales; también es garante de los derechos fundamentales y del equilibrio entre poderes.
Por ello, la elección de sus miembros debe estar guiada por criterios de idoneidad profesional, ética pública y compromiso con el interés general, nunca por intereses partidarios o coyunturales.
En definitiva, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene en sus manos una decisión que marcará el rumbo de la justicia dominicana.
Elegir jueces íntegros y un presidente de la Suprema Corte con visión institucional es apostar por una República Dominicana más justa, más democrática y más confiable.
La historia juzgará si este proceso se convierte en un verdadero ejercicio de responsabilidad democrática o en una oportunidad perdida para fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Por:Jose Alberto Blanco